«En septiembre del 2018, por unanimidad parlamentaria se aprueba en el Congreso de los Diputados un Informe de la Subcomisión de Cultura con 76 conclusiones que por vez primera tiene en cuenta la especificidad del sector, su intermitencia en la actividad y, por tanto, sus ingresos irregulares, el amplio y variado tejido cultural y la necesidad de protección. Sus conclusiones tienen que ver con la fiscalidad, la normativa laboral, la protección social, la contratación, el asociacionismo, la lucha por la igualdad, las prestaciones por maternidad, la intermitencia, la transición profesional o la compatibilidad con la jubilación.
El estatuto no es una herramienta para privilegiarnos, sino un medio para luchar contra la precariedad y el fraude. Su desarrollo es más urgente y necesario que nunca, ya que la crisis originada por la pandemia de la COVID-19 ha demostrado la fragilidad de nuestro heterogéneo ecosistema cultural. Las intenciones no se pueden quedar en meras declaraciones de prensa del ministro de Cultura y la oposición, que parece posicionarse también a favor. Necesitamos fortalecernos, visibilizarnos y unirnos con el objetivo común de la implementación de las medidas del Estatuto del Artista, el Autor/Creador y el Trabajador de la Cultura.»